El 21 de febrero de 2023 se publicó en el BOE la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta norma incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, conocida como Directiva Whistleblowing.

Desde su entrada en vigor, el panorama normativo e institucional ha experimentado cambios muy relevantes: la aprobación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) (Real Decreto 1101/2024), la efectiva puesta en funcionamiento de dicha Autoridad el 1 de septiembre de 2025, y la publicación de sus primeras recomendaciones técnicas, que constituyen el manual de referencia para el diseño e implementación de los Sistemas Internos de Información.

Están obligadas a disponer de un Sistema Interno de Información (SII):

• Personas físicas o jurídicas del sector privado con 50 o más personas trabajadoras.
• Entidades del sector financiero (cualquiera que sea su tamaño), conforme a los actos de la UE en materia de servicios financieros, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo y financiación del terrorismo.
• Partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que reciban financiación pública.
• Fundaciones del sector privado que perciban ayudas o subvenciones públicas de al menos 100.000 euros.
• Todos los sujetos obligados por la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT), independientemente de su tamaño si tienen forma de persona jurídica (S.L., S.A., cooperativa, etc.).

Merece la pena señalar que la AIPI puede imponer sanciones por infracciones muy graves, graves y leves:

• Infracciones muy graves: hasta 1.000.000 € para personas jurídicas y hasta 300.000 € para personas físicas.
• Infracciones graves: de 10.001 a 300.000 € para personas jurídicas; de 1.001 a 100.000 € para personas físicas.
• Infracciones leves: hasta 10.000 € para personas jurídicas; hasta 1.000 € para personas físicas.

Entre las infracciones muy graves se encuentran: no implantar el SII, vulnerar la confidencialidad de la persona informante, tomar represalias contra la persona informante y no designar o comunicar a la persona responsable del SII ante la propia AIPI.

Este taller analiza el régimen completo de los canales de denuncia (Sistemas Internos de Información o SII), con especial atención a las novedades introducidas por la AIPI y a las obligaciones que afectan a sectores habitualmente olvidados como la asesoría fiscal, la gestión administrativa y las agencias inmobiliarias, desde un punto de vista práctico, alejado de la teoría o de disquisiciones doctrinales, enseñando a las personas asistentes cómo configurar un Sistema Interno de Información desde cero...