El propio Código Penal prevé en su artículo 31 bis. 2 las condiciones para que la persona jurídica pueda eximirse de dicha responsabilidad, lo que pasa por la correcta implantación de un programa de prevención de delitos idóneo y eficaz.

Existe la falsa creencia de que este tipo de programas, llamados Compliance Programs por su origen anglosajón, sólo deben implementarse por las grandes compañías, pero esto no es cierto, toda persona jurídica (sociedad mercantil, sociedad cooperativa, asociaciones, fundaciones, comunidades de bienes, partidos políticos, sindicatos…) está en disposición de cometer un delito y ser castigada por ello. En este sentido, se pueden imponer a las personas jurídicas las siguientes penas:

1. Multa por cuotas o proporcional.
2. Disolución de la persona jurídica.
3. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
4. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
5. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social
7. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores

En esta formación entenderemos el alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, analizaremos la figura del responsable de cumplimiento normativo (compliance officer) veremos las qué requisitos deben tener estos modelos de prevención de delitos para poder eximir o en su caso atenuar la pena, y cómo implantarlos con ejemplos prácticos y “casos de “éxito” centrándonos en el mundo de la Pyme.